ESTAS NOTAS PUBLICADAS AQUI DEL AÑO 2001 Y 2002 SON PARA QUE SE INFORMEN LO PROFESIONAL QUE ES EL ESCRIBANO RICARDO RUBIO

Nota publicada el 28 de junio de 2001

Imputaron a escribanos y a empleados judiciales por maniobras con escrituras

La Quinta Cámara del Crimen revocó una resolución de primera instancia que liberaba de sospecha a los notarios investigados. Se habla de estafa y cohecho.
La causa judicial que implica a conocidos escribanos del medio y a empleados del Registro de la Propiedad por supuestas maniobras delictivas tuvo un nuevo giro que terminó con varios imputados.Hace algunos días, la Quinta Cámara del Crimen revocó una resolución del juez Carlos Benegas y ordenó que se investiguen los delitos de estafa y cohecho que involucrarían a más de una decena de personas, entre notarios y empleados judiciales, que habrían ingresado escrituras al Registro de la Propiedad burlando la mesa de entradas. Esta entrega "por detrás" habría permitido que se omitiera el pago del aporte que debe realizarse a la Caja de Jubilaciones de Escribanos por cada título que entra al Registro, una repartición que depende del Poder Judicial.Luego de que se conociera la resolución de la Cámara, que lleva la firma de Gonzalo Guiñazú y Laura Gil de Chales, el juez Carlos Benegas imputó el delito de estafa a los escribanos Daniel Cavecedo García, Ricardo Rubio y Carlos Molina. Mientras que sobre los empleados judiciales Raúl Busquets (tiene rango de jefe) y Pedro Guardia pesa la imputación de cohecho. Según fuentes judiciales, en los expedientes que llevan los números 71.464 y 71.465 figuran más imputados. Además, existe una ampliación de la denuncia original -que supone unas 30 escrituras más ingresadas de modo irregular al Registro- de donde se desprende que ya son por los menos siete los escribanos y seis los empleados judiciales sobre los que hoy la Justicia tiene su lupa. Una causa que creceLa resolución de la Quinta Cámara implica una drástica modificación de la decisión adoptada por el juez Benegas, quien en su momento opinó que las acciones denunciadas no encuadraban en los delitos de estafa y cohecho, tal como lo había requerido la fiscal Viviana Moricci. Frente a esta resolución, Moricci apeló a la Cámara, que consideró que existen motivos suficientes para investigar los supuestos ilícitos. En ese momento la causa pasó del despacho de Benegas al 8° Juzgado de Instrucción, ya que allí se tramita otra denuncia contra Carlos Molina por una sucesión. Sin embargo, el juez que subroga en ese juzgado, Manuel Cruz Videla, se inhibió de actuar en la investigación por ser amigo de uno de los escribanos mencionados en el expediente. De modo que es Alejandra Mauricio quien quedó a cargo de la instrucción de la causa. El escribano Carlos Molina es socio de Ricardo Rubio y varias de las escrituras que abarca la ampliación de la denuncia original llevarían su firma. Las nuevas pruebas sobre las irregularidades fueron provistas por la directora del Registro, Liliana Vinassa, quien en febrero radicó la denuncia penal por las presuntas maniobras. Por otro lado, la Justicia recibió en estos días un informe de la Caja de Jubilaciones de Escribanos -que es querellante en la causa- que incluye alrededor de 100 escrituras más que comprometen a otros tantos notarios del medio. En tanto, algunos de los imputados en la causa ya prestaron declaración indagatoria en el 8° Juzgado de Instrucción. Y se espera que otros tantos desfilen por el lugar en los próximos días. Según fuentes judiciales, lo que se conoce hasta ahora podría ser sólo "la punta del iceberg" de una causa que cada día tiende a crecer. Aunque al mismo tiempo reconocen que no va a ser fácil comprobar los delitos que se imputan. La defensaDe las declaraciones espontáneas y de las indagatorias de algunos de los escribanos imputados surge un argumento común en su defensa: que ellos no realizan personalmente los trámites en el Registro de la Propiedad, sino que envían a sus empleados. De hecho, el escribano Cavecedo García habría denunciado a personal de su escribanía en el 9° Juzgado de Instrucción. El argumento que manejó desde el principio la fiscal Moricci para pedir las imputaciones es que habría existido una maniobra armada por notarios y empleados para romper los mecanismos de control que la Caja de Jubilaciones tiene en el Registro. El modus operandi de las personas mencionadas en el expediente habría consistido en inscribir una escritura de bajo monto y "por detrás" de la mesa de entradas ingresar otras de mayor valor. De esta manera evitaban pagar los aportes a la Caja. Los seis empleados judiciales (cinco de los cuales tienen cargo jerárquico) que están implicados en la causa fueron trasladados a otras oficinas del Poder Judicial. En tanto, la Corte Suprema instruye un sumario administrativo en el que se investiga su accionar. La Fiscalía de Estado y la Dirección General de Rentas, por su parte, también están detrás del caso.



Nota publicada el 2 de marzo de 2002

Escribanos frenan una querella por estafa

Varios profesionales mendocinos imputados pagaron la deuda y la Caja se retiró como querellante. Sigue la causa penal.
El pago de cerca de 80.000 dólares y un compromiso de no agresión legal a futuro fueron los términos de un acuerdo por el que la Caja de Jubilaciones Escribanos desistió de la querella judicial que mantenía contra importantes escribanos del medio. La entidad de retiro impulsaba una demanda penal contra más de una decena de notarios por supuestas irregularidades en el Registro de la Propiedad, que la habrían perjudicado patrimonialmente.Carlos Molina, Daniel Cavecedo García y Ricardo Rubio, entre otros escribanos imputados de estafa en esa causa, saldaron su deuda con la Caja y consiguieron que la entidad dejara sin efecto la querella.El acuerdo se selló a fines del año pasado y significó un cambio profundo en una de las causas más polémicas del último tiempo. Más de una decena de notarios y cinco empleados judiciales están bajo la lupa de la Justicia, quien investiga el supuesto ingreso de escrituras al Registro de la Propiedad burlando la mesa de entradas.Esta entrega "por detrás"-con la presunta ayuda de algunos empleados- habría permitido que se omitiera el pago del aporte que debe realizarse a la Caja de Jubilaciones de Escribanos por cada título que entra al Registro, una repartición que depende del Poder Judicial.No obstante el retiro de la querella particular, la causa penal sigue su curso normal, aunque a nadie escapa que ahora es menos probable que se llegue a una resolución rápida. La investigación nació en febrero de 2001 cuando la directora del Registro, Liliana Vinassa, denunció las presuntas irregularidades a la Justicia.El acuerdo entre la Caja y los notarios imputados levantó voces a favor y en contra en el mundillo notarial, que sigue de cerca el devenir de la causa. "Habiendo cumplido los escribanos sus obligaciones pendientes, desinteresaron patrimonialmente a la Caja", dijo el presidente de la Caja de Escribanos, Ricardo Orquín."Ellos reconocieron una deuda que mantenían con nosotros en virtud de diversas escrituras en las que no se realizó el aporte correspondiente ", señaló el máximo responsable de la entidad. Quienes critican la decisión de la Caja no alcanzan a entender el contraste entre la actitud combativa que en un principio tuvo la entidad y la postura actual. Orquín aventó las críticas diciendo que "no corresponde a la Caja determinar si hubo o no delito, sino al fiscal y al juez, por eso la causa penal continúa".Los Andes se comunicó con los tres escribanos para conocer su versión. Daniel Cavecedo García no quiso hablar, en tanto Ricardo Rubio reconoció el acuerdo a que llegaron con la Caja, pero dijo que era "por deudas normales que un escribano de mucho volumen de trabajo tiene con la entidad". Y recalcó que el caso fue usado políticamente en su contra. Por su parte, Carlos Molina negó terminantemente la existencia de ilícitos (ver aparte).El derrotero judicialLa causa tuvo complicaciones desde el principio y, a un año de la denuncia, los avances son muy escasos. En doce meses el expediente no ha hecho más que viajar de un juzgado a otro y rebotar en diversas cámaras del crimen por conflictos de competencia. Hasta la Suprema Corte de Justicia se expidió hace poco sobre el abultado expediente. Pero de adelantos concretos no hay prácticamente nada. La última medida de peso fue la de la Quinta Cámara del Crimen, que en junio de 2001 ordenó que se investiguen los delitos de estafa y cohecho. Hasta ahora la mayoría de los imputados no ha sido indagado. Según comentaron fuentes de la Justicia, las posibilidades de que se puedan probar los ilícitos que se investigan no son demasiadas. Un dato adicional es que el abogado de los empleados judiciales imputados, Luis Costa, tiene varios años como empleado de Tribunales en su haber. El letrado conoce todos los recovecos de la Justicia, y también sus costados flacos.De hecho, Costa fue quien presentó una excepción de competencia alegando que la causa no debía acumularse en el 8° Juzgado de Instrucción -donde el escribano Molina tiene una causa previa- ya que el juzgado se encuentra acéfalo y, según el abogado, esto conspira contra el proceso natural que debe seguir una acción legal.El planteo de Costa fue rechazado por la jueza Alejandra Mauricio, pero el letrado apeló. Allí comenzó el conflicto de competencia entre cámaras y el expediente terminó en la Corte. Recientemente el máximo tribunal resolvió que sea la Quinta Cámara del Crimen la que se expida sobre el tema.Lo que ahora todos esperan es que los camaristas Gonzalo Guiñazú y Rafael Escot -enemistados públicamente, ya que ni siquiera se hablan- puedan ponerse de acuerdo para resolver el planteo de Costa. Recién entonces, y si no hay nuevas nulidades o excepciones, la Justicia podrá avanzar en una investigación que por ahora sólo hizo mucho ruido.